La debacle economica de Puerto Rico: el fin de la 936 (página 2)

Los "buenos
años", la 936 en su apogeo

Durante los veinte años de aplicación en
Puerto Rico de la sección 936 múltiples empresas se
establecieron en la isla y varios sectores de la economía
se beneficiaron de la actividad económica generada. Sin
embargo, dicha sección fue objeto de varias revisiones por
parte del Congreso de los Estados Unidos. Esto se debió a
la exención contributiva de las cuantiosas ganancias de
las corporaciones 936. Para Puerto Rico estas ganancias se
traducían en abundantes fondos, los llamados fondos 936,
que estaban disponibles para ser invertidos en la isla, mientras
que para el gobierno federal estos fondos representaban una
fuente de contribuciones no recaudadas, que afectaban la salud
fiscal de los Estados Unidos.

Desde su implantación en 1976, la sección
936 aportó gran cantidad de fondos a la banca
local.[8] Dichos fondos que para 1977
ascendían a $ 1,584 millones se incrementaron año
tras año hasta alcanzar $ 4,000 millones en 1982,
constituyendo dos quintas partes del total de los
depósitos de la banca comercial de Puerto
Rico.[9] No obstante la "bonanza" para la banca en
1982 Puerto Rico atravesaba por una grave crisis
económica, causada por el alto desempleo y los recortes en
los programas de ayudas federales.[10] Como si
fuera poco, la administración del presidente Ronald Reagan
decidió investigar los fondos de la sección 936 en
un intento por allegar nuevos recursos fiscales para el gobierno
de los Estados Unidos. Esta iniciativa levantó temores
entre la comunidad financiera en la isla, que temía lo
peor.[11]

En el debate congresional sobre la 936 en 1982, el
gobierno estadounidense argumentó que los fondos 936 no se
habían utilizado para su cometido, entiéndase la
creación de empleos en la isla y su desarrollo
económico, y que sólo habían acrecentado la
prosperidad de la comunidad financiera en la isla. Dicha
práctica privaba al gobierno federal de recaudar
aproximadamente $1 billón anual en
contribuciones.[12] Como resultado de las
investigaciones se discutió hacer enmiendas a la
sección 936. Ante ello el gobierno de Puerto Rico,
entonces bajo la administración del Partido Nuevo
progresista, junto con las corporaciones 936 cabildeó ante
el congreso para "minimizar" los efectos de los cambios a la
sección.[13]

A finales del 1982 el Congreso legisló para
"controlar" las ganancias de las 936. La principal reforma hecha
a la sección consistió en aumentar el por ciento
del ingreso que debía originarse en negocios dentro de la
posesión.[14] Estas medidas fueron un
intento de coartar ciertas prácticas contables de las
corporaciones, las cuales a través de su "creative
acccounting" o "contabilidad creativa" transferían y
canalizaban ganancias de las compañías matrices a
sus subsidiarias 936 en Puerto Rico, invirtiéndolas en la
isla y repatriándolas a los Estados Unidos y evitando
pagar contribuciones federales.[15]

Para el año 1985 la sección 936 estaba
nuevamente en "peligro de extinción". En ese mismo
año el Departamento del Tesoro de los Estados unidos
envió al Congreso legislación contributiva que
contemplaba modificar o eliminar la sección 936, para
así recuperar las contribuciones que se estaban dejando de
recibir.[16] Esto significaba serias
complicaciones para los fondos 936 depositados en Puerto Rico,
que para 1985 sumaban $ 7 mil
millones.[17]

La defensa de las 936 en 1985-1986 recayó en la
administración del Partido Popular Democrático,
quien gobernaba en ese entonces la isla. En esa defensa
curiosamente contó con el apoyo de algunos líderes
del PNP, que apoyaron la permanencia de la sección. Al
igual que el PNP anteriormente, los populares argumentaron en
Washington que las 936 creaban empleos en la isla y que el
mantener dicha sección convertiría a Puerto Rico en
el eje de las inversiones en el Caribe. Sin embargo, las
gestiones "determinantes" en el Congreso las efectuaron los
cabilderos de las compañías 936.[18]
Las peticiones hechas ante el Congreso lograron que se mantuviera
la sección, pero que se le efectuaran ciertas
modificaciones. Entre éstas se aceptó la
"caribeñizacion" de los fondos 936, o sea su posible
inversión en cualesquiera de los países de la
Iniciativa Para la Cuenca del Caribe"[19], y se
introdujeron cambios en la forma de contabilizar el método
de costo compartido de los intangibles.[20] La
salvación de la 936 en 1986 recibió elogios en la
prensa puertorriqueña, aún por parte de reconocidos
miembros del sector estadista. Uno de ellos, Antonio Luis
Ferré escribió en un editorial de su
periódico El Nuevo Día , que "la retención
de la 936 era un desarrollo positivo para el futuro de Puerto
Rico debido a que se lograron preservar 125 mil empleos que de
otra manera se habrían ido".[21]

A pesar del optimismo sobre la permanencia de la 936, a
comienzos de la década de los 1990"s, múltiples
analistas señalaban que las 936 eran una espacie de
"espejismo económico" y que los supuestos beneficios
económicos para la isla no eran tal y como se
percibían. Entre 1988 a 1990 estudiosos de la
economía y la política afirmaban que si la
sección 936 se mantenía inalterada durante la
década de los 1990"s, Puerto Rico se convertiría en
uno de los "mayores centros financieros a nivel
internacional".[22] Sin embargo, muchos de esos
mismos analistas señalaban las percepciones
erróneas que existían sobre las "inversiones" y los
"empleos" generados por las 936. Entre los señalamientos
más notables estaba, el que una cantidad creciente de lo
que se consideraba "producción" de las industrias
manufactureras en Puerto Rico era en realidad "ingresos pasivos"
provenientes de ganancias transferidas e inversiones
financieras.[23] Además de ello, las
corporaciones 936 no estaban reinvirtiendo sus ganancias en
actividades productivas, sinó en instituciones financieras
donde podían repatriar sus ganancias libres de impuestos
(federales y locales) al cabo de 5 años. Esto resultaba
algo notable, ya que para 1988 y 1989 la cantidad de fondos 936
depositados en Puerto Rico era cerca de $ 9 mil
millones.[24] Según analistas, ello
resultaba en un incentivo "negativo" que causaba un agudo
descenso en el nivel de la inversión
interna.[25]

Es importante señalar que a comienzos de los
1990"s cuando se debatía en el Congreso de los estados
Unidos el proyecto de plebiscito para el estatus de Puerto Rico,
salieron a relucir varias realidades sobre las 936. Entre ellas
el que las corporaciones, a pesar de apoyar algunas iniciativas
de los gobiernos de turno en Puerto Rico, sólo se
dedicaban a cabildear para retener la sección 936 y no a
desarrollar la isla como centro de producción de alta
tecnología o de investigación y desarrollo. En
adición a ello, se destacó el que las industrias
como las farmacéuticas habían tenido entre 1982 a
1989, ahorros contributivos de aproximadamente $73 a $79 millones
al año, mientras habían empleado a "menos de 3000
personas" en Puerto Rico.[26] El informe preparado
por el Goverment Accounting Office en 1992, titulado "The
Pharmaceutical Industry: Benefits of Operating in Puerto
Rico", detallaba que Pfizer con 500 empleados reportó
ahorros contributivos de $75.9 millones anuales desde 1980 a
1990, Merck con 953 empleados reportó ahorros de $74.9
millones desde 1980 a 1990 y Upjohn con 750 empleados tuvo
ahorros contributivos de $77 millones anuales durante la misma
década.[27]

Los datos sobre las 936 resultan un tanto impresionantes
cuando se les compara con las estadísticas de Puerto Rico
sobre desempleo y ayudas federales de principios de los noventa.
Algunos investigadores indicaban que el desempleo continuaba
siendo alto[28]y las ayudas federales
seguían en aumento[29]a pesar de que la
estrategia de inversiones en Puerto Rico debía ayudar a
superar esa situación. Quizá por ello algunos
lideres de la opinión pública comenzaron a
"cambiar" su opinión sobre las 936, en especial cuando en
las negociaciones sobre el plebiscito de estatus (1989-1991) los
populares abogaron por la 936, los independentistas pidieron un
periodo de transición para ésta y algunos
estadistas estuvieron a favor de que se eliminara la
sección como forma de adelantar la
estadidad.[30]Esto llevó a que Antonio Luis
Ferré declarara en 1989 que "las corporaciones 936 no
deben ser más que un mecanismo transitorio de
incentivos".[31]

La situación de las 936 se complicó
grandemente cuando en 1993 la administración del
presidente William J. Clinton decidió revisar la
sección como una de las formas para corregir la
situación del déficit presupuestario de los Estados
Unidos. El presidente recomendó la eliminación de
la sección y su sustitución por un crédito
salarial. En esta ocasión diversos sectores, incluido el
gobierno del PNP, decidieron no hacer esfuerzos por abogar a
favor de la sección, ya que la posición del
gobierno de los Estados Unidos resultaba difícil de
modificar. En febrero de 1993 un editorial de Antonio Luis
Ferré en El Nuevo Día explicaba varias de las
razones para abandonar la defensa de las 936. Entre estas razones
se encontraba el enorme déficit del gobierno
estadounidense ($300 mil millones en 1993) y la pérdida en
contribuciones del gobierno sobre las ganancias de 71 empresas
que generaban casi $1200 millones y que sólo empleaban a
20,000 personas. Ferré señalaba que quien intentara
oponerse a la determinación del gobierno federal
fracasaría, y que lo que debía hacer el gobierno de
Puerto Rico y los grupos interesados era "negociar la
transición más favorable posible y no en defender
lo indefendible".[32]

"El comienzo de
la confusión", la eliminación de la
936

De 1993 a 1996 se desató la "batalla por la
supervivencia de la 936" ante la inminente modificación de
la sección y su posible eliminación. En agosto del
1993 la sección sufrió cambios a manos del Congreso
pero se salvó. Entre los cambios efectuados se encontraba
una limitación al crédito contributivo que las
empresas podían atribuir a su producción
manufacturera en la isla. Este crédito sería de
sólo un 40 % a partir de 1998, en vez del 100 %
original.[33] En ese momento la salvación
de las 936 fue vista como un logro, sin embargo, las
críticas en los Estados Unidos contra la sección
continuaron[34]y en los años del 1994 al
1996 el Congreso estadounidense continuó con los planes
para la eliminación de la sección.

Entre septiembre de 1995 y julio de 1996 el Congreso
efectuó otro proceso de revisión de la
sección 936. En esta ocasión los grupos que
anteriormente habían cabildeado a favor de la
sección estuvieron divididos y fracasaron en sus
esfuerzos. La sección 936 fue derogada oficialmente en
agosto de 1996. En las disposiciones de dicha derogación
se estableció un periodo de gracia de 10 años para
las compañías que operaban en Puerto Rico, ello
bajo la llamada sección 30A. En ese momento la
opinión pública puertorriqueña estaba
convencida de que lo que sobrevendría sería el caos
total, que comenzaría "el fin de la economía de
Puerto Rico". Esto ocurría en un momento en que los fondos
936 depositados en Puerto Rico se estimaban en aproximadamente
$15 mil millones[35]y la isla atravesaba por la
"bonanza económica" de los años noventa. Se
temía que como la derogación de la 936 hacía
inmediata la eliminación de la disposición en la
que se sustentaban estos fondos,[36]las
corporaciones los retirarían de la banca local de
inmediato, causando ésto un "colapso bancario".

Como es típico en Puerto Rico, los dimes y
diretes y los ataques políticos hicieron su
aparición en la opinión pública. En
múltiples programas de análisis político,
analistas, ciudadanos y políticos dejaron sentir su
opinión, de acuerdo con sus ideales políticos. Los
populares argumentaron que Rosselló, en contubernio con el
entonces Comisionado Residente en Washington Carlos Romero
Barceló,[37] habían "entregado" las
936 para arruinar la isla y así forzar la concesión
de la estadidad. Por su parte, los penepés
defendían la gestión de Rosselló y
argumentaban que se había eliminado el "mantengo
corporativo" que apoyaba el estatus colonial de la
isla.

En 1996 y en medio del revuelo causado por la
eliminación de la 936, varios
economistas[38]analizaron la situación y
pronosticaron un panorama diferente al "desastre
económico" discutido por la opinión pública.
Estos expertos señalaban que no había ningún
riesgo de colapso del sistema financiero local, ya que aún
si los fondos 936 eran una fracción considerable de los
recursos totales del sistema bancario del país, su
desaparición no amenazaría la solvencia de las
instituciones. Ahora, ello no significaba que no habría
ningún efecto negativo, ya que los fondos podrían
ser reemplazados, pero a un costo más
alto.[39] Esto se traduciría en una menor
disponibilidad y un encarecimiento del financiamiento, en
especial para el sector público (bancos del
gobierno).[40] Sin embargo, esta situación
de la emigración de fondos 936 no debía producir un
efecto negativo considerable en el sistema
económico.[41]

Otro de los planteamientos hechos por economistas en el
año 1996 se relacionaba con la producción y las
inversiones. Los expertos señalaban que aún con las
reformas hechas a las 936 en 1993 la producción
manufacturera había continuado
expandiéndose[42]y que las pérdidas
ocasionadas por la derogación de las 936 podrían
ser compensadas de varias formas. El experto Ángel L. Ruiz
señalaba que "pese a la significativa importancia de las
corporaciones 936 en el sector manufacturero, el impacto en el
resto de la economía no parece ser tan alto como la
mayoría de la gente cree".[43] Ruiz
añadía que sus investigaciones revelaban el
potencial de la economía puertorriqueña para
asimilar las pérdidas de producción con menos
consecuencias severas que los estimados hechos por el gobierno
federal.[44] Además, sobre el empleo
enfatizaba que si Puerto Rico adoptaba unas políticas
industriales que indujeran a la diversificación de la
economía, en 10 años se podría superar la
incertidumbre post-936. Ello porque las empresas que no son 936
tienen un mayor potencial para crear empleos que las propias
firmas 936.[45]

Ante la interrogante sobre qué hacer luego de
desaparecer la 936, varios economistas plantearon ciertas
alternativas en común.[46] La más
relevante de todas era explorar todas las posibilidades que
ofrece la Sección 901 del Código de Rentas Internas
Federal. Dicha sección permite a las corporaciones
estadounidenses establecidas en países extranjeros (o en
jurisdicciones consideradas extranjeras para fines contributivos)
reclamar un crédito contributivo al gobierno de los E.U.
en función de las contribuciones pagadas en la
jurisdicción extranjera.[47] Otra de las
recomendaciones era la exploración y movilización
del capital y recursos locales (fondos de cooperativas,
aseguradoras y corporaciones públicas).[48]
Estas recomendaciones, en la opinión de los expertos
debían estar acompañadas de un "reenfoque" de la
política de desarrollo de Puerto Rico, ya que ésta
no estaba a la par con el resto del
mundo.[49]

Si el gobierno de Puerto Rico adoptó
algunas de las recomendaciones de los economistas o no, eso es
otro tema, lo que si ocurrió es que entre 1997 y el
año 2000 los cambios ocurridos en la economía de la
isla "post 936" produjeron una serie de artículos
periodísticos y expresiones públicas que
"complicaron" el panorama ante la opinión pública.
Para mediados de 1997 los funcionarios del gobierno reportaban
que la economía de Puerto Rico y el sector bancario
continuaban mostrando un crecimiento positivo, pero que en los
años subsiguientes crecería a un ritmo más
lento.[50] Esta perspectiva era compartida en un
informe de la Oficina de Contabilidad General (GAO) que
determinaba que la economía de P.R. estaba en crecimiento
y que habría que esperar años para saber el impacto
de la eliminación de las 936.[51] A pesar
de la perspectiva positiva del gobierno del PNP, la
situación no parecía ser tan halagadora, ya que se
debatían varias alternativas para incentivar a las
empresas a quedarse en P.R. y para atraer a otras
industrias.[52] Los funcionarios del gobierno
señalaban que el crecimiento económico futuro de la
isla sería propulsado por los sectores de la
construcción y los servicios y no por la manufactura. El
gobierno contemplaba hacer ajustes contributivos para las
empresas[53]pero algunos conocedores de las 936
opinaban que "esas empresas grandes no se van a ir por issues
contributivos sino económicos", ya que "esas empresas
cuentan con exenciones contributivas", que lo que habría
que ofrecerles para que no se fueran del país eran medidas
que sobrepasaran el atractivo de la mano de obra barata de otros
países.[54]De acuerdo con esto, las
estrategias del gobierno parecería que no tendrían
un efecto positivo.

La imagen del final de la 936 en la prensa
puertorriqueña se tornó aún más
confusa con la publicación de las opiniones y denuncias de
políticos sobre los efectos económicos ocurridos en
la isla. En medio del caldeado ambiente político
puertorriqueño y de cara a un plebiscito sobre el estatus
en 1998, los políticos populares y penepés
asumieron posturas encontradas sobre las causas y el significado
de los cambios económicos del Puerto Rico post
936.

En agosto de 1997 los entonces legisladores
del PPD Eduardo Bhatia y Jorge De Castro Font denunciaron en la
prensa un aumento en la cifra del desempleo y la pérdida
de "10,563 en unos 115 cierres permanentes de fábricas
norteamericanas acogidas a la sección
936".[55] Ambos legisladores responsabilizaban al
gobierno de Rosselló que había permitido la
eliminación de la 936.[56] Ante estos
planteamientos, el entonces secretario del Departamento del
Trabajo César Almodóvar respondió que pese a
la pérdida de empleos manufactureros, todos los
demás sectores de la economía habían
registrado aumentos en el empleo.[57] Por su
parte, el entonces administrador de Fomento Económico
Jaime Morgan Stubbe planteaba que los cambios en el empleo se
debían al cierre de operaciones de la industria de la
aguja y que esto era un patrón a nivel internacional, que
no tenía que ver con la 936.[58]

Para finales de 1997 las condiciones de la
industria en Puerto Rico continuaron cambiando, lo que
obligó a varias empresas a reconsiderar su permanencia en
la isla.[59] Sin embargo, para varias empresas
este proceso significó el cierre permanente de operaciones
y el despido de empleados.[60] Esta
situación provocó fuertes reacciones entre los
políticos locales que expresaron sus opiniones en la
prensa. El entonces senador del PPD Eduardo Bhatia
señaló que había "evidencia de un
patrón de cierres" que ocurrían "debido a que
Puerto Rico está perdiendo su competitividad bajo la
administración Rosselló".[61] En
opinión del entonces senador Aníbal Acevedo
Vilá, la situación era "más seria de lo que
ha querido admitir el gobierno" y que era obvio que "no
había un plan para retener estos
empleos".[62]

La discusión pública sobre
los cierres de fábricas continuó en 1998, al
anunciarse el cierre de la compañía de
electrónicos Motorola en Vega Baja, en el que unas 1,500
personas perdieron el empleo. El presidente del PPD Aníbal
Acevedo Vilá culpó al gobernador Pedro
Rosselló de dicho cierre, argumentando que "el gobierno de
Pedro Rosselló ha abandonado la política de atraer
fabricas a Puerto Rico" y que el gobernador debía dejar de
"tapar el cielo con la mano, ya que la realidad es que en el
último año se han perdido alrededor de 25 mil
empleos en Puerto Rico".[63] Por su parte, el
secretario de Desarrollo Económico y Comercio Carlos
Vivoni, rechazó que el cierre de la Motorola estuviera
relacionado con la 936, y lo atribuyó a una baja en sus
ventas. El secretario argumentaba que la empresa en
cuestión trasladaba sus operaciones a México y la
Florida, donde tendría que pagar todo tipo de impuestos,
lo que para él indicaba que "consideraciones contributivas
no tomaron vigencia en esta decisión". Vivoni indicaba que
pese a un "leve aumento" en el desempleo en la manufactura, desde
el punto de vista macro, la economía puertorriqueña
continuaba robusta debido al aumento de empleos en otros sectores
como los servicios, comercio, transportación, finanzas y
construcción. [64]

Con las posiciones asumidas por los
políticos del PPD y los funcionarios del gobierno del PNP
la discusión se intensificó, ya que en abril de
1998 en una noticia titulada "El final de las 936 como eje de la
declinación", los economistas Santos Negrón y
José Alameda señalaban que los cierres de empresas
a causa de la eliminación de la 936 se habían
extendido. Que dichos cierres, que en un principio eran de
industrias de mano de obra intensiva (industrias de la aguja y
procesamiento de alimentos), ahora estaban ocurriendo en
industrias electrónicas y de productos médicos.
Además, expresaban que el crecimiento económico
local se debía a la cuantiosa inversión en
construcción de obras de infraestructura gubernamental y
del dinero de la economía informal. Esto según los
economistas, "disfrazaba" lo que realmente ocurría en la
economía formal.[65] En esos días,
el senador Eduardo Bhatia reveló un estudio de la firma
Political Risk Services Inc., en el que se destacaba que la
posición de Puerto Rico como lugar para propósitos
de inversión había decaído de ser la
número uno en 1990 y 1991 a la posición 22 en 1997.
Según el informe, ello se debía a "los cambios
efectuados en la sección 936 y a la capacidad del gobierno
de contrarrestarlos".[66]

Ante estas últimas revelaciones,
Carlos Vivoni rechazó el que los inversionistas hubiesesn
disminuido su interés en Puerto Rico, a la vez que
planteaba sus dudas sobre las conclusiones del informe de
Political Risk.[67]No obstante, el propio
gobernador Pedro Rosselló admitió que la
inversión en la manufactura continuaría
decreciendo, según él, en la medida en que las
economías mundiales se muevan hacia las áreas de
servicio y comercio.[68] Como si fuera poco, la
entonces presidenta de la Junta de Planificación Norma
Burgos, también opinó sobre el informe. Burgos
cuestionó el documento e indicó que éste "no
toma en cuenta una serie de indicadores aceptados a nivel
internacional para evaluar la situación económica
de un país, y que esto le restaba confiabilidad y seriedad
al estudio".[69] Además aseguraba que otros
estudios "aceptados a nivel internacional" han demostrado en los
últimos cinco años, un crecimiento económico
sostenido en Puerto Rico.[70]

Para abril de 1999 las noticias sobre la
economía de la isla reportaban una serie de datos
alarmantes. En un artículo titulado "Se desangra la
manufactura" se indicaba que la pérdida de empleos desde
1996 hasta abril de 1999, sumaba 13,200 empleos y que
alcanzaría los 15,000 en junio de ese año, siendo
más de la mitad de ellos de empresas
936.[71] En dicho artículo los economistas
José Alameda, Heidie Calero y el director de la
Asociación de Industriales de Puerto Rico William
Riefkohl, opinaban sobre la carencia de un incentivo industrial
en la isla para atraer nuevas inversiones. La economista Calero
destacaba que las cifras del Departamento del Trabajo que
indicaban un descenso en el desempleo se debían a que
cerca de 50,000 personas habían abandonado la fuerza
laboral, lo que había contribuido a bajar la tasa de
participación en ese renglón.[72]
Una opinión parecida se planteó en el articulo
titulado "Vinculan los cierres con el factor 936", en el que
varios expertos de la industria coincidían en que
"contrario a la posición oficial del gobierno, la
eliminación de la sección 936 si ha sido un factor
que junto a otros factores, ha perjudicado el empleo en la
manufactura y la economía local".[73] En
dicho articulo el economista Francisco Catalá argumentaba
que "el gobierno sabe esto pero como metieron la pata no lo van a
admitir".[74]

Tal parece que la pugna entre las
"perspectivas encontradas" sobre los efectos post 936
comenzó a decaer en el transcurso del 1999. Esto porque
para junio de ese año se reportaba una reunión
entre el secretario de Desarrollo Económico y Comercio
Carlos Vivoni y representantes del sector privado en un "esfuerzo
conjunto para buscar alternativas para fortalecer el sector
manufacturero".[75] En dicha noticia el propio
Vivoni es citado diciendo que "creo que hay una coincidencia en
el pensamiento de que Puerto Rico enfrenta unos retos, pero
también unas oportunidades".[76]
Quizás esto se percibió como una esperanza para
muchos puertorriqueños, que tras la larga
"confusión" sobre los efectos económicos post 936,
ahora veían al gobierno coincidir sobre la
situación del país.[77]

Epílogo:
La industria en Puerto Rico después de la
936

Años después del final de la
sección 936 la discusión sobre el tema aún
existe. En una columna titulada "A 10 años de la muerte de
las 936" el economista Gustavo Vélez plantea que aunque
nos gustara o no, la viabilidad del modelo económico local
dependía de las 936 y que por ello no se pueden negar los
efectos adversos que tuvo su
eliminación.[78] El economista opina que el
gobierno local le entregó al Congreso la 936 a cambio de
nada, por consideraciones políticas. Para Vélez,
Puerto Rico ha perdido la competitividad que una vez tuvo como
destino de inversión y que "el entregar la 936
implicó la muerte lenta al sistema económico
local". Añadiendo que "de ser una economía
próspera y dinámica, hoy cada día somos
más dependientes, no del mantengo corporativo, sino del
mantengo social que viene del
norte."[79]

Hoy día las culpas sobre la situación
económica de Puerto Rico se reparten más
allá de los círculos políticos locales, como
lo indica un editorial del periódico The New York
Times,[80] el cual dice que el gobierno
federal contribuye negligentemente al grave deterioro en las
condiciones de vida en la isla.[81] El diario
estimó que el mal manejo del programa de incentivos
contributivos, sección 936, llevó a que la
iniciativa produjera relativamente pocos empleos a un costo muy
alto.[82]

En los años de 2006 y 2007 se termina el periodo
de gracia de 10 años concedido al eliminarse la
sección 936. La economía de Puerto Rico sigue
enfrentando cambios y según lo reporta la prensa, los
cierres de industrias han continuado en diferentes pueblos de la
isla.[83] Entre estos cierres se destacaron los de
industrias farmacéuticas y
electrónicas[84]que aluden a "diversas
razones" para su cierre de operaciones.[85] Si
bien es cierto que los cierres de fábricas
continúan, también ocurre el establecimiento de
nuevas industrias en la isla. Algunas de las más notables
se relacionan con el sector de la "alta tecnología", como
lo son la industria aeroespacial[86]y la
biotecnología.[87] De acuerdo con el
director ejecutivo de la Compañía de Fomento Boris
Jaskille y el gobernador Aníbal Acevedo Vilá,
Puerto Rico ofrece buenos incentivos, una infraestructura
avanzada, personal altamente especializado (especialmente en
ingeniería) y una mano de obra diestra y productiva para
atraer a este tipo de industria.[88] Además
de ésto, muchas de las plantas cerradas han sido vendidas
a otras industrias que se establecen en la
isla.[89] En el futuro inmediato, aún queda
por observarse el resultado de las gestiones económicas
emprendidas por el gobierno para el desarrollo de la industria en
Puerto Rico.

Conclusión

De 1976 a 1996 la sección 936 del Código
de Rentas Internas de los Estados Unidos funcionó en
Puerto Rico como el principal incentivo contributivo para la
inversión industrial. La aplicación en la isla de
dicha sección benefició a varios sectores de la
economía puertorriqueña, en especial al sector
financiero. La 936 sufrió enmiendas de parte del Congreso
de los Estados Unidos en varias ocasiones, lo que ocasionó
que fueran disminuyendo sus beneficios contributivos para las
industrias, hasta decretarse su eliminación en
1996.

La eliminación de la sección 936 y los
posteriores cambios en la economía de Puerto Rico fueron
procesos que generaron una amplia cobertura y discusión en
los medios noticiosos. Las transformaciones económicas
ocurridas en la isla entre 1997 y 2000 generaron incertidumbre en
la opinión pública y fueron interpretadas por
políticos y funcionarios públicos desde una
perspectiva político partidista. Fue por ello que los
cierres de industrias y el despido de trabajadores fueron
planteados por los políticos y funcionarios afiliados al
Partido Popular Democrático, como un efecto negativo
producto de la pérdida de la 936. Según los
afiliados al PPD Puerto Rico estaba perdiendo su competitividad
en el mercado económico internacional y el gobierno del
Partido Nuevo Progresista (PNP) no quería reconocer dicha
realidad, por haber contribuido a ella. Por su parte, los
políticos y funcionarios del PNP interpretaron los eventos
económicos del Puerto Rico de finales de los noventa de
otra forma. Estos planteaban que las transformaciones
económicas de la isla no tenían que ver con la
derogación de la 936, sino que formaban parte de ciclos
económicos internacionales. Además argumentaban que
los indicadores económicos mostraban que la
economía local marchaba bien y se mantenía en
buenas condiciones.

La "discrepancia" entre las versiones sobre lo ocurrido
en la economía puertorriqueña entre 1997 y el 2000
tuvo el efecto de crear confusión en la opinión
pública. Cada sector político, populares y novo
progresistas, atacaba y cuestionaba en la prensa los datos y la
evidencia presentada por el bando contrario. En ocasiones los
comentarios de algunos políticos resultaban
contradictorios ante los planteamientos y las posturas oficiales
de los funcionarios gubernamentales de su propio partido, lo que
abonaba al desarrollo de una imagen confusa sobre el Puerto Rico
post 936. Si bien fueron ciertas las transformaciones
económicas en Puerto Rico, las influencias político
partidistas presentes en las opiniones sobre los efectos post 936
hacían difícil distinguir cuáles eran los
argumentos validos y cuál era la "demagogia"
política. Probablemente la economía del Puerto Rico
post 936 no sufrió un desastre tan grave como lo
plantearon algunos, pero tampoco se mantuvo tan vigorosa y
dinámica como argumentaron otros.

En el presente las transformaciones económicas en
la isla continúan. Los cierres de fábricas y el
despido de trabajadores están presentes, así como
también el establecimiento de nuevas industrias y la
creación de empleos. El tema de la eliminación de
la 936 aún se recuerda y continúa siendo punto de
discusión entre economistas y políticos. Sin
embargo, con el fin del periodo de gracia de 10 años de
las 936 (decretado de 1996 a 2007), el panorama económico
del Puerto Rico post 936 presenta nuevas interrogantes. Algunas
de estas interrogantes se relacionan con las iniciativas del
gobierno actual a favor de las industrias de alta
tecnología, y si éstas tendrán los efectos
económicos esperados.

Bibliografía

Fuentes primarias

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3 de mayo de 1997.

18 de junio de 1997.

15 de agosto de 1997.

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13 de diciembre de 1997.

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[1] Francisco A. Scarano, Puerto Rico, Cinco
Siglos de Historia, Segunda Edición, México,
Mc.Graw-Hill, 2000, pp. 929-932.

[2] Scarano, op.cit., pp. 931-932; Emilio
Pantojas –García, Development Strategies as
Ideology, Puerto Rico Export-Led Industrialization Experience,
Boulder & London, Lynne Rienner Publishers, 1990, pp.
144-145. Según Pantojas, para mediados de los 1970’s
Puerto Rico había perdido su ventaja de bajos salarios en
la mano de obra ante México, otros países del
Caribe y países asiáticos. El costo de la
transportación marítima había aumentado
vertiginosamente, a pesar de que el gobierno del ELA había
creado las “Navieras de Puerto Rico”. Además,
para 1976 el costo promedio de la electricidad a nivel industrial
era entre 31 a 120 % más alto que en los Estados
Unidos.

[3] Scarano, op.cit., p.934; Pantojas, op.cit.,
p.148; James L. Dietz, Historia Económica de Puerto Rico,
Rio Piedras, Ediciones Huracán, Inc., 1989, p.320.

[4] Pantojas, op.cit., p.148; Dietz,op.cit.,
p.320; Jaime Bofill Valdés, “Trayectoria de la
sección 936 desde 1976 a 1996”, Boletín de
Economía, Vol. I, Núm. 4, abril-junio 1996,
p.4.

[5] Dietz, op.cit., p.321.

[6] Scarano, op.cit., pp.935 y 936; Dietz,
op.cit., p.322. Entre 1982 y 1983 las corporaciones 936
obtuvieron ganancias equivalentes a 98 % de su capital y las
farmacéuticas el equivalente a 246 % de su capital.

[7] Bofill Valdés, op.cit., p.4;
Scarano, op.cit., pp.938 y 939.

[8] Guillermo A. Baralt, La Razón del
Equilibrio, La Vida de Luis A. Ferré, Volumen II
[1968-1998], San Juan, Fundación El Nuevo Día,
Inc., 1998, pp.204 -205. A instancias del entonces gobernador
Carlos Romero Barceló y de Mariano Mier, entonces
presidente del Banco Gubernamental de Fomento, se implantó
un programa basado en la reinversión en actividad
económica en Puerto Rico de las ganancias de las empresas
936, viabilizando que la banca privada pudiera absorber dichas
ganancias.

[9] Ibid., p.240.; Guillermo A. Baralt,
Historia deEl Nuevo Día 1909-2000, San Juan, Publicaciones
Puertorriqueñas, Inc., 2002, pp.330-331. Estos fondos se
depositaban principalmente en los bancos estadounidenses Chase
Manhattan Bank y Citibank y en los canadienses Royal Bank y
Scotia Bank.

[10] Baralt, La Razon del…, p.240.
Puerto Rico sufrió la reducción de aproximadamente
el 30 % del total de la asistencia federal a la isla. Uno de los
efectos de dicha reducción fue la pérdida de 25 mil
empleos en el gobierno.

[11] Loc.cit.

[12] Baralt, La Razón del …,
p.241. Las farmacéuticas, con ganancias de 246 % de su
capital, fueron el pricipal blanco del ataque de los
investigadores senatoriales.

[13] Pantojas, op.cit., p.152; Baralt, La
Razón del…, pp. 241-243.

[14] Bofill Valdés, op.cit., p.4. La ley
“Tax Equito and Fiscal Responsability Act” o TEFRA
aumentó de 50 a 65 % el ingreso originado dentro de la
posesión, proviniendo el restante 35 % del ingreso de la
reinversión de los fondos. Además, se introdujo dos
modos para determinar el ingreso acreditable, el método de
ganancia compartida y el de costo compartido.

[15] Pantojas, op.cit., pp.153 y 154.

[16] Baralt, La Razón del …,
p.243; Historia de El…, p.332.

[17] Pantojas, op.cit., p.155. Según el
autor las corporaciones transnacionales continuaban
“canalizando” billones de dólares de ganancias
globales a través de Puerto Rico, utilizando una
sofisticada red financiera internacional.

[18] Ronald Fernández, The Disenchanted
Island, Puerto Rico and the United States in the Twentieth
Century, Westport, Connecticut, Paeger Publishers, 1996, p.250.
El autor señala que los cabilderos de las
farmacéuticas enviaron cartas a Washington donde
exponían argumentos sobre las consecuencias negativas de
la eliminación de las 936. Algunos de estos argumentos
eran una posible emigración “masiva” de
puertorriqueños desempleados a los Estados Unidos, la
pérdida de 250 mil empleos en los E.U. y que el retiro de
los fondos 936 de la banca en Puerto Rico causaría un
desastre bancario nunca antes visto.

[19] Scarano, op.cit., p.937; Aline
Frambes-Buxeda, “Falsas expectativas del Plan del Caribe
para la subregión a la luz de las experiencias de Puerto
Rico”, en Carmen Gautier Mayoral, et al., compiladores,
Puerto Rico en la Economía Política del Caribe, Rio
Piedras, Ediciones Huracán, Inc., 1990, p.77. Este
proyecto les ofrecía a la mayoría de los
países del Caribe y América Central, el libre
acceso al mercado de los E.U. y de P.R. durante 12 años y
$ 350 millones en ayuda económica. Además, se les
ofrecían alivios contributivos y créditos otorgados
por E.U. a las firmas privadas que invirtieran en la
región.

[20] Bofil Valdés, op.cit., p.4. Se
redujo el ingreso pasivo de las corporaciones de 35 % a un
máximo de 25 %.

[21] Baralt, Historia de El…, p.335. El
autor señala que El Nuevo Día brindó amplia
cobertura al debate y las negociaciones sobre la 936 en 1986.

[22] Pantojas, op.cit., p.166.

[23] Loc. Cit. El autor señala que P.R.
con tan solo el 5.8 % de la producción de Canadá y
el 3.8 % de la producción del reino Unido, generaba
más ganancias para las transnacionales que cada uno de
estos países.

[24] Dietz, op.cit., p.335; Guillermo A.
Baralt, Tradición de Futuro, el Primer Siglo del Banco
Popular de Puerto Rico 1893-1993, San Juan, Carimar, 1993, p.281.
Dietz señala que más del 90% de estos fondos
maduran a los 90dias o menos, lo que era a duras penas algo
útil para usos productivos a largo plazo. De acuerdo con
Baralt en 1989 el Banco Popular tenía depósitos de
aproximadamente $1000 millones de fondos 936. Esto lo
convertía en el tercer depositario de certificados de
depósitos 936 en P.R.

[25] Dietz, op.cit., p.335. Según Dietz,
el bajo nivel de inversión en nueva planta y maquinaria,
elementos que amplían la capacidad del proceso de
producción, indicaba un limitado compromiso con la
economía por parte de de las subsidiarias de las grandes
empresas.

[26] Fernández, op.cit., p.251. Se
menciona que las compañías Baxter Laboratories
habían reportado ahorros contributivos de $73 millones en
1988 y $75 millones en 1989, Abbot reportó ahorros de $78
millones en 1987, $76 millones en 1988 y $79 millones en 1989 (de
P.R. e Irlanda) y Smith kline Beecham reportó $53 millones
en 1988 y $76 millones en 1989 (de P.R. e Irlanda).

[27] Ibid., p.254.

[28] Pantojas, op.cit., p.167;
Fernández, op.cit., p.249. Fernández señala
que el Puerto Rico Business Review indicaba que de 1977 a 1985 el
crecimiento neto en la manufactura había sido de 277
empleos. Pantojas por su parte señala que de 1976 a 1988
los empleos en la isla aumentaron de 678 mil a 873 mil, bajando
la tasa de desempleo de 19.4 a 15.9 %. Sin embargo, continuaban
existiendo 165 mil desempleados en la isla.

[29] Pantojas, op.cit., p.168;
Fernández, op.cit., p.254. Los autores señalan que
las transferencias federales en 1991 representaban cerca de un
21.9 % del ingreso personal en P.R. y que habían tenido un
crecimiento porcentual más alto que el crecimiento de los
salarios.

[30] Pantojas, op.cit., pp.176, 177 y 179. Otro
sector dentro del estadismo simpatizaba con la estrategia de
desarrollo económico de las 936 y abogaba por su
permanencia. No obstante las posiciones de los líderes
políticos, las corporaciones, las instituciones
financieras y sus ejecutivos se inclinaban hacia la formula del
ELA, que era la que mantenía las 936, aunque en el debate
público las compañías
“aparentaban” estar fuera de la discusión.

[31] Baralt, Historia de El…, p.489.

[32] Ibid., pp.490 y 491. En abril de 1993
Antonio L. Ferré instó a los diversos sectores de
la isla y a los lideres del PNP a que apoyaran la propuesta del
entonces gobernador Pedro Rosselló para hacer enmiendas a
la 936, por ser a juicio de Ferré, la que más
probabilidad tenia de ser aceptada en Washington. instó a
los líderes del PPD y a los sectores empresariales que
pretendían que se dejase intacta la sección, a que
desistiesen de sus intentos.

[33] Ibid., p.491; Bofill Valdés,
op.cit., pp.4 y 5. La ley “Ómnibus Budget
Reconciliation” (OBRA), establecía que el
crédito contributivo sería de 60 % para 1994, 55 %
en 1995, 50 % en 1996, 45 % en 1997 y 40 % en 1998 y años
subsiguientes.

[34] Baralt, Historia de El…, p.491. Se
menciona que el diario The Wall Street Journal describió a
la sección 936 como una droga a la que Puerto Rico estaba
adicto y que dicha sección era un ejemplo del mantengo
corporativo en su peor forma.

[35] Juan Lara, “Los fondos 936 en el
sistema financiero de Puerto Rico”, Boletín de
Economía, Vol.1, Núm.4, abril-junio 1996, pp.20 y
22.

[36] Loc.cit. Esto era el “Qualified
Posesión-Source Investment Income” (QPSII), que
estipulaba que los depósitos de 936 en los bancos locales
no pagaban contribuciones federales por los intereses devengados
en dichos depósitos. Dicha disposición se
derogó de inmediato y con retroactividad a julio de
1996.

[37] Fernández, op.cit., p.255; Baralt,
Historia de El…, p.490. Fernández señala que
Romero, quien había defendido la sección en 1982,
creía en que la eliminación de la 936 era un eficaz
método para alcanzar la estadidad, ya que con los
puertorriqueños en una situación de pobreza el
Congreso de E.U. tendría que concedérsela a Puerto
Rico. Baralt señala que en un editorial de 1993, Antonio
Luis Ferré había criticado a Romero por no actuar
de forma cónsona con las propuestas de Rosselló.
Ferré decía que Romero “le estaba haciendo
daño a Puerto Rico pues el gobierno estaba enviando un
mensaje, y el por su parte, estaba dando otro”.

[38] Lara, op.cit.; Angel L. Ruiz, “The
Economic Impact of Firms Operating Ander Section 936:
SomeControversial Issues”; Fernando Zalacaín,
“Algunos impactos ecónomicos de la
eliminación de la Sección 936”,
Boletín de Economía, Vol. 1, Núm.4,
abril-junio 1996.

[39] Lara, op.cit., p.24; Zalacaín,
op.cit., p.14.

[40] Zalacaín, op.cit., p.14. Esto
sería así para el Banco de Desarrollo
Económico y el Banco de Fomento, en los cuales gran parte
de sus recursos provenían de fondos 936 y que
experimentarían una reducción de sus ingreso neto,
en la medida en que los fondos migren hacia el exterior.

[41] Loc.cit.

[42] Loc.cit. Muchas de estas reformas del 1993
habían restado atractivo a la sección y limitado
sus beneficios económicos.

[43] Ruiz, op.cit., p.13. El autor planteaba
que el factor multiplicador de las empresas 936 y su capacidad
para generar empleos no era tan alta como se creía.

[44] Ibid., pp.7 y 8. Ruiz se refería a
los estimados del Congressional Budget Office (CBO) en 1990, que
predecía una pérdida de un 37 a un 47 % del capital
y la producción de las corporaciones 936 para el
año 2000.

[45] Ibid., pp.8 y 12.

[46] Francisco A. Catalá Oliveras,
“De la seccion 936 al pluralismo institucional”;
Erick G. Negrón Rivera, “Sobre la 901”;
Ramón J. Cao García, “¿Existe vida
después de la Sección 936?”, Boletín
de Economía, Vol. 1, Núm.4, abril-junio 1996.

[47] Catalá, op.cit., p.26;
Negrón, op.cit., pp.27-28; Zalacaín, op.cit., p.17;
Cao García, op.cit., p.30.

[48] Catalá, op.cit., p.26; Cao Garcia,
op.cit., p.30.

[49] Catalá, op.cit., p.25; Cao
García, op.cit., p.31. Catalá indicaba que en este
reenfoque no debía dependerse, ni de la mano de obra
barata para atraer industrias, ni de los fondos federales como
mecanismo para compensar las insuficiencias de la
economía. Lo que debía buscarse era la eficiencia,
la productividad y vencer la dependencia. Por su parte Cao
García planteaba que P.R. debía utilizar como
atractivo económico su población altamente educada
y diestra, su sofisticado sistema financiero, su extensa base
industrial y su amplia infraestructura.

[50] El Nuevo Día, 3 de mayo de 1997. En
la noticia titulada “Vientos de debilitamiento
económico” se informaba que los fondos 936 se
mantenían estables en la banca con alrededor de $14,600
millones. Sin embargo, se reportaba que los empleos en la
manufactura se reducían al igual que las
exportaciones.

[51] El Nuevo Día, 18 de junio de 1997,
p.7. La noticia titulada “Desestimada la emergencia
económica de la isla” señalaba que la tasa de
empleos se mantenía estable a pesar de los cambios hechos
a la 936 desde 1993.

[52] Una de las críticas que
historiadores, economistas y analistas políticos hacen
sobre el proceso de eliminación de la 936, lo es el que el
gobierno del entonces gobernador Pedro Rosselló no
“negoció” la derogación de la
sección, exigiendo en sustitución algún tipo
de incentivo económico.

[53] El Nuevo Día, 3 de mayo de 1997; 15
de agosto de 1997, p.7. Entre las propuestas que se consideraban
estaba el eliminar el “tollgate tax” y mantener una
contribución sobre ingresos para las corporaciones de
entre un 7 a un 10%.

[54] El Nuevo Día, 15 de agosto de 1997,
p.7.

[55] El Vocero, 15 de agosto de 1997, p.13,
“Denuncia aumento cifra desempleo”; El Nuevo
Día, 19 de agosto de 1997, p.95, “Dimes y diretes
por la 936”; El Vocero, 19 de agosto de 1997, p.8,
“Han cerrado 155 fábricas sección 936”.
Los legisladores basaron sus denuncias en sendos informes del
Banco Gubernamental de Fomento (BFG) y de Fomento
Económico.

[56] El Vocero, 19 de agosto de 1997, p.8; 15
de agosto de 1997, p.13.

[57] El Vocero, 15 de agosto de 1997, p.13.

[58] El Nuevo Día, 19 de agosto de 1997,
p.95. El titular de Fomento destacó que el 80% de los
cierres se debía a la crísis de la industria de la
aguja. Además, comparó el que entre 1989 y 1992, la
época de apogeo de las, 936 hubo 173 cierres con una
perdida de 15,857 empleos.

[59] El Nuevo Día, 14 de noviembre de
1997, p.60. En los artículos “Tras alternativas las
empresas 936” y “Una de cal y otra de arena”,
abogados y consejeros contributivos explicaban que las
alternativas más viables para las empresas 936 eran
convertirse en corporaciones de Puerto Rico o en filiales de
(CFC) Controled Foreign Corporation.

[60] El Nuevo Día, 13 de noviembre de
1997, p.66, “Sin empleo cien trabajadores”; 12 de
diciembre de 1997, p.4, “Se rompen las costuras al
empleo”; 13 de diciembre de 1997, p.92, “Se esfuman
387 empleos en Yauco”. Se reportaba el despido de 100
trabajadores de la Barranquitas Knitting Mills, el cierre de la
Maidenform en P.R. con el despido de 800 empleados, los cierres
de la Cadillac Industries y Ropa Sultana y la reducción de
más de 300 empleos en la atunera Star Kist en
Mayagüez. Además se recordaban los anteriores cierres
de la PL Industries en Yauco, con el despido de 387, el de una
fabrica de espejuelos, la fabrica de colchones Eco y una planta
de productos dentales Oral B.

[61] El Nuevo Día, 13 de diciembre de
1997, p.92, “Persiste el vínculo con las 936”;
El Vocero, 13 de diciembre de 1997, p.20, “Legislador culpa
Rosselló: ve por el suelo competitividad Isla”.
Bhatia criticaba que ante cierres como el de la Baxter en
Carolina y el de Next Level Systems en Barceloneta, el
administrador de Fomento Económico Jaime Morgan Stubbe
alegara que no sabía nada al respecto.

[62] El Nuevo Día, 13 de diciembre de
1997, p.92.

[63] El Nuevo Día, 16 de abril de 1998,
p.12, “Culpan al Gobernador por pérdida de
empleos”.

[64] Ibid., p.10, “Niega nexo entre
cierre de Motorola y las 936”. Para el economista
José Alameda la operación de Motorola sería
más rentable en países con mano de obra más
barata que P.R. Por su parte para el economista Alfredo
Gonzáles Martínez, la 936 si fue un factor
importante y advertía que el caso de Motorola “va a
ser repetitivo” en otras empresas, lo que ponía en
tela de juicio la efectividad de la nueva ley de incentivos
industriales de P.R. para atraer nuevas empresas y retener las
que tiene.

[65] El Nuevo Día, 17 de abril de 1998,
p.5. Se indicaba que entre 1997 y 1998 se habían perdido
15,000 en la manufactura y que este sector era el que generaba el
40 % del ingreso bruto del país.

[66] El Nuevo Día, 17 de abril de 1998,
p.4, “Decae el imán que atraía
capitales”. Bhatia denunciaba que el gobierno de
Rosselló había cabildeado ante el Congreso para que
se eliminara la sección 936 a cambio de la sección
30A, la cual no se había logrado.

[67] Loc.cit., El Vocero, 18 de abril de 1998,
p.7, “Vivoni niega descalabro económico”.
Según Vivoni los datos revelados en el informe no
reflejaban la realidad sobre el crecimiento económico de
los países encuestados.

[68] El Vocero, 18 de abril de 1998, p.7.

[69] El Vocero, 20 de abril de 1998, p.11,
“Polémica sobre economía: Burgos saca sus
propios números”. Burgos señalaba entre otras
cosas, que en los años en que Political Risk situaba a
Puerto Rico en el primer lugar, el desempleo estaba más
alto que en 1997.

[70] Loc.cit.

[71] El Nuevo Día, 19 de abril de 1999,
p.119. Se destacaba que contrario al pasado la economía
local no respondía al rápido crecimiento de la
economía de los E.U.

[72] Loc.cit. José Alameda opinaba que
en el mercado laboral P.R. se estaba subdesarrollando, que el
autoempleo, el subempleo y la economía subterránea
hacían que nuestra economía se pareciera más
a la de países como Colombia y Venezuela. Se indicaba
además, que muchos de los nuevos empleos creados son a
tiempo parcial, temporeros y no ofrecen los beneficios marginales
de la manufactura.

[73] El Nuevo Día, 24 de abril de 1999,
p.122. Los entrevistados eran el economista Francisco
Catalá, el analista de la firma Moody’s Investor
Services Timothy Blake, el ejecutivo industrial Bartolomé
Gamundi y Jorge Cañellas de la firma Ernst & Young.
Varios de ellos opinaban que además de la 936 el Tratado
de Libre Comercio entre México y E.U. había
afectado a la isla.

[74] Loc.cit.

[75] El Nuevo Día, 4 de junio de 1999,
p.134, “Ferrea defensa al sector de la manufactura”.
Entre los asistentes a la reunión estaban William Riefkohl
de la Asociación de Industriales, Aníbal Irizarry
de la Cámara de Comercio y Xavier Romeu de la
Compañía de Fomento Industrial.

[76] Loc.cit.

[77] El Nuevo Día, 10 de febrero de
2000, “En picada el empleo en la manufactura”. A
comienzos del año 2000 se reportaba, que desde 1996 hasta
esa fecha, se habían perdido 14,700 empleos en la
manufactura, según cifras oficiales.

[78] El Nuevo Día, 14 de octubre de
2006, p.89. El economista indicaba que en 10 años se
habían perdido sobre 40,000 empleos directos, sobre 80,000
empleos indirectos y los cerca de $24,000 millones de fondos 936
depositados en la banca local.

[79] Loc.cit.

[80] El Nuevo Día, 24 de octubre de
2006, p.14, “Adjudicada a Washington la crisis
isleña”.

[81] Loc.cit. La opinión del New York
Times se basa en el estudio “La Economía de Puerto
Rico: Restaurando el Crecimiento”, realizado por el Centro
para la Nueva Economía y por el Instituto Brookings.
Según el periódico “la pobreza en la isla es
rampante, el ingreso per capita es sólo la mitad de aquel
del estado más pobre de los E.U., casi un tercio de la
población estuvo desempleada en el 2000 y una cuarta parte
de los empleos está en trabajos gubernamentales.

[82] Loc.cit. Se citaba como ejemplo, el que
una plaza de empleo de $40,000 le costaba al gobierno
$70,000.

[83] El Nuevo Día, 24 de agosto de 2006,
p.48; 25 de agosto de 2006, p.46. Se reportó el cierre en
fases de la planta Ivax Pharmaceutical en Cidra, la cual
completará su cierre en el 2007, despidiendo a cerca de
550 empleados. Además se mencionaba la venta y cierre de
operaciones de Pfizer en Vega Baja y Arecibo eliminando sobre
1,100 empleos.

[84] El Nuevo Día, 30 de agosto de 2006,
p.60; 14 de octubre de 2006, p.56. Se reportó el cierre de
las plantas de Tenere de Puerto Rico en Ponce y Peñuelas,
cesanteando a 92 empleados; también se notificó del
cierre y eventual traslado a México de la empresa
Solectron de Puerto Rico, dejando cesantes a 440 trabajadores.
Ambas empresas aludieron a problemas de rentabilidad y altos
costos de producción, como las razones para sus
respectivos cierres.

[85] Loc.cit. La farmacéutica Ivax
aludió a “problemas de producción y
calidad”, en el caso de Pfizer, su fusión con
Pharmacia resultó en el cierre de plantas.

[86] El Nuevo Día, 23 de agosto de 2006,
p.44; 24 de agosto de 2006, p.49. Se reportó la
expansión de la compañía Infotech Aerospace
Services, establecida en Isabela en el 2003 y que cuenta con
400empleados. Dicha empresa elevaría a 500 su fuerza
laboral en los próximos dos años.

[87] El Nuevo Día, 4 de octubre de 2006,
p.45; 24 de octubre de 2006, p.46. Se anunciaba la
expansión de la empresa Pall Life Sciences, que planea
expandir su plantilla de empleados de 896 a 1,100 en los
próximos dos años. Además se notificaba el
inicio de operaciones de la empresa Advance Drainage System (ADS)
en Arecibo, la cual crearía 30 empleos.

[88] Loc.cit.

[89] El Nuevo Día, 25 de agosto de 2006,
p.46. Se menciona que la compañía Abraxis Bio
Science compró la planta de Pfizer en Barcelonesa, Mc.Neil
compró la planta de Hershey en Las Piedras y la
compañía local DJ Manufacturing de Corozal
compró varias plantas de la Playtex.

Autor:

Luis A. Reyes
Rodríguez

Diciembre de 2006